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Se reactivan los conflictos

Se reactivan los conflictos

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Por Fernando Romero Bolaños

Los avances que significan la promulgación de la consulta previa y el nuevo impuesto y gravamen mineros hicieron que, por un momento, se perdiera de vista que las relaciones entre actividad minera y la población en una serie de lugares del país siguen siendo fuente de conflicto.

El caso del conflicto en Tacna con la empresa Southern, así como la reaparición, a través de un pronunciamiento público, de la empresa que promueve el Proyecto Río Blanco en el Páramo piurano, muestran la existencia de temas aún pendientes de definición, que no tienen que ver con mayores impuestos a las empresas mineras o con la consulta a los pueblos indígenas.

Además, el anuncio del Premier Lerner, en su discurso en el Congreso, respecto a los miles de millones de dólares en inversiones mineras e hidrocarburíferas que se esperan invertir durante el gobierno nacionalista puede resultar un acicate a desempolvar proyectos que entraron en directa contradicción con los intereses de poblaciones que se hallan en su entorno. Ante esto los actores involucrados comienzan a desplegar sus estrategias para marcar la agenda y la respuesta gubernamental

Tratar la conflictividad social tal vez requiera que se anuncie cuáles son las inversiones que el gobierno considera viables en este momento y cuáles serán los criterios con los que el gobierno determinará en el futuro (inmediato) la pertinencia de nuevos proyectos.

El gobierno ha manifestado que no permitirá actividades extractivas que atenten contra el ambiente, la biodiversidad y los derechos humanos, sin embargo si este compromiso permanece en ese nivel de generalidad no ayudará a generar certidumbre, ni para los ciudadanos ni para los inversionistas involucrados. Más bien se crea un escenario en el que, como señalamos más arriba, los actores toman la iniciativa, a veces por vías nada santas, para conseguir sus objetivos.

En ese sentido, resulta necesario avanzar en hacer realidad los anuncios, realizados por el viceministro del Ambiente, de establecer nuevos criterios y procedimientos para la decisión de los Estudios de Impacto Ambiental, así como la revisión de los estándares ambientales actualmente vigentes. Del mismo modo es urgente la pronta presentación ante el Congreso de un proyecto de ley sobre Ordenamiento Territorial.

También es importante resaltar las declaraciones del responsable de la oficina de conflictos de la PCM, en las que plantea que en el conflicto en Tacna el tema a abordar es el de cómo proveer de agua a Tacna.

Dar luz verde a proyectos cuestionados, sin haber modificado las serias debilidades en las instituciones relacionadas al sector extractivo, no ayudará a reducir la conflictividad social.

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