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Es un mal remedio regresar al pasado

 

Es un mal remedio regresar al pasado

op-retroPor Fernando Romero Bolaños

Cada día se suman más voces de los creyentes del "libre mercado" llamando la atención, preocupados, sobre el triunfo y las declaraciones de algunos presidentes regionales recientemente elegidos. Tal cosa nos parece absolutamente legítima en el marco de un régimen democrático. El discrepar y argumentar a favor o en contra de una determinada idea es una de las prácticas que demuestran la salud de una democracia. Sin embargo, bajo los argumentos del progreso, la disminución de la pobreza y la modernidad se propone poner retroceso en el proceso de descentralización y, en los hechos, regresar, a nivel regional, a un pasado que ya no existe.

Jaime de Althaus, Ricardo Lago y recientemente el Instituto Peruano de Economía (IPE) (1) han expresado sus temores sobre las posibles gestiones de estas autoridades. Esta posición forma parte de una corriente presente en varios países que persigue una mayor concentración de las decisiones. Ejemplo de eso sería la pretensión del Partido Popular español de desmontar el Estado de la Autonomías. No es casual que Lago, español como el PP, haga referencia al camino equivocado que significó ese modelo a la hora de opinar sobre el proceso de descentralización en el Perú.

La principal objeción que hago a esta posición es que no hacen ningún esfuerzo para pensar en cómo responder a los evidentes problemas que el proceso atraviesa de manera creativa y teniendo en cuenta las expectativas de los ciudadanos que lo respaldan. Más bien su respuesta es defensiva, es retroceder a lo que antes teníamos. En el mejor de los casos regresar a los CTAR creados por el gobierno de Fujimori luego del autogolpe del 5 de abril.

El problema es que el Estado que teníamos antes del 2002, que en realidad aún existe con sus pocas virtudes y muchos defectos, ya demostró su inoperancia si de lo que se trata es crear las condiciones para que exista una economía que incluya a todos los ciudadanos con equidad y para que estos se sientan efectivamente representados en las decisiones públicas que se tomen.

La salida fácil es proponer seguir con las prácticas y costumbres existentes, que generalmente han sido útiles en primer lugar para quienes tienen mayor poder de influencia sobre el poder central.

Por eso no coincidimos con la crítica que el IPE hace a las declaraciones de los presidentes regionales de Cusco y Piura que plantean que los gobiernos regionales deberían tener la capacidad de decidir sobre el otorgamiento de concesiones mineras y afirman que respetarán la decisión que las comunidades tomen respecto a las inversiones en sus territorios.

El IPE cuestiona que los que proponen las nuevas autoridades regionales implicaría "cambiar las reglas" y muestra una supuesta "falta de compromiso con un proyecto de desarrollo nacional" e identifica el beneficio de la actividad minera para Cusco y Piura en la cantidad de dinero que reciben esas regiones gracias al canon.

Pensamos que si se pretende convencer a quienes comparten la posición expresada por los presidentes regionales, que en este caso podrían ser la mayoría de los electores de Cusco y Piura, que esas propuestas son erróneas, mal hacen en repetir mensajes que desde hace buen tiempo no convencen a buena parte de las población de las regiones donde está presente la actividad extractiva.

Tal vez deberían preguntarse por qué esas poblaciones no estarían comprometidas con ese "proyecto de desarrollo nacional", y qué habría que hacer para que esa actitud sea modificada.

Por qué el IPE no se pregunta acerca de las causas que producen que muchas poblaciones cercanas a los megaproyectos de infraestructura o a los proyectos mineros no experimentan que mejoran su calidad de vida y que, por el contrario, el clima de incertidumbre y conflicto se incrementa.

Mal hace el IPE, si es que quiere convencer al afirmar que "Las políticas públicas modernas buscan lo que es mejor para la sociedad. Y esto casi necesariamente supondrá que habrá quienes serán afectados negativamente, por lo cual se les debe compensar. Pero no detener el progreso"; cuando la experiencia muestra que las llamadas compensaciones en el Perú aún dejan mucho que desear.

Entendemos por sus declaraciones que los presidentes de ambas regiones no están en contra de la inversión y no son "antimineros", buscan más bien poner orden entre otras cosas a una política de concesiones mineras que podría entrar en conflicto con sus propuestas de desarrollo regional. Tal desencuentro podría ser evitado, o mejor canalizado, si es que existiera una política nacional de ordenamiento territorial; que hasta el momento brilla por su ausencia debido a la resistencia de sectores del Gobierno Nacional; pero que a escala regional viene avanzado a través de la ZEE y los planes de ordenamiento.

Se halla pendiente también avanzar en la descentralización fiscal, para lo cual la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha alcanzado una propuesta al Congreso y que esperemos entre en discusión lo más pronto posible.

Hay propuestas que responden a los problemas mirando al futuro; dejemos de añorar el pasado.

 

Nota
(1) IPE; La minería y la descentralización mal hecha.

 

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